DESAGRAVIO AL PUEBLO TUCUMANO

Por Antonio Leone.
 
Primer paso hacia la reparación por los cierres de ingenios en la dictadura de Onganía.
 
En junio de 1966 una nueva dictadura se hizo con el poder del gobierno del Estado. Adujo el peligro de la “infiltración marxista” y tenía la imperiosa necesidad de reponer el orden en las fábricas y aplacar las pujas distributivas.
 
Con ese golpe de Estado se pretendió profundizar un proyecto industrializador liderado por el capital extranjero e integrando a los grandes grupos económicos locales y diversificados. Tucumán conocía el cultivo de la caña de azúcar desde la primera época de la colonización española. A mediados de siglo XIX se había convertido en la principal actividad económica de la provincia y poco después modernizó la industria, atado ello a la llegada del ferrocarril. Fue la época en que los tucumanos accedieron por primera vez a la presidencia de la república, con Nicolás Avellaneda y luego Julio A. Roca, y en que el país consiguió el autoabastecimiento del azúcar.
 
En la década de 1960, con la provincia moldeada principalmente por esta actividad, numerosos pueblos del interior provincial y la propia capital contenían una poderosa clase obrera industrial y rural, un numeroso grupo de –por lo general pequeños– productores cañeros asociados y las patronales de la industria, en su mayoría nacionales. Un brusco movimiento de ascenso y descenso del precio internacional del azúcar y una agresiva política de los industriales azucareros de Jujuy, encabezados por el Ingenio Ledesma, produjeron una extraordinaria producción para la que no había mercado. La crisis intentó ser descargada sobre los trabajadores, que resistieron. La reacción cayó desde arriba: la dictadura encabezó un brutal proceso de “racionalización” de la industria.
 
El 22 de agosto de 1966, con una provincia invadida por las fuerzas represivas nacionales, se firmó el decreto-ley 16.926 que intervenía los ingenios azucareros Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana. Al finalizar la dictadura, de los 27 ingenios existentes en la provincia sólo quedaban 16. Con una sola decisión se barrían bajo la alfombra más de 18.000 puestos de trabajo.
 
Los trabajadores de fábrica y del surco y las familias obreras no tardaron en reaccionar. Si en la primera mitad del año, todavía bajo la presidencia de Arturo Illia, habían participado de al menos 19 conflictos y dos paros generales, el incendio que recorrió de norte a sur a la provincia para evitar los cierres de las fábricas fue aún más grande. La poderosa FOTIA fue puesta en acción y de medidas iniciales de resistencia a los desalojos y movilizaciones y paros, no tardaron en extenderse los actos de rebelión, primero como “puebladas” locales y finalmente, en noviembre de 1970, en el levantamiento popular que duró cuatro días, del 10 al 13, y que conocemos como el “Tucumanazo”, que nació con una fuerte impronta anti-dictatorial.
 
La Ley declara el 22 de agosto como “Día Nacional de Desagravio al Pueblo Tucumano por el Cierre Masivo de Ingenios Azucareros Pergeñado por la Dictadura Militar de 1966”.
 
Establece el “eterno recuerdo” por el desastre social causado y faculta al gobierno nacional para impulsar actividades específicas que difundan y mantengan la memoria colectiva.
 
Califica al proceso de cierres como una política “arbitraria y absolutamente repudiable”, al desmedro de los intereses “del interior” en beneficio del “capital financiero más concentrado” bajo la supuesta necesidad de emprender una “reestructuración agro industrial”. El efecto fue que 200.000 tucumanos y tucumanas, un cuarto de la población de ese entonces, tuvieron que migrar hacia grandes aglomeraciones urbanas. La mayoría se instaló en villa miserias del gran Buenos Aires.
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